Procuraduría investiga al director de Formación Profesional del Sena, John Jairo Díaz Londoño

John Jairo Díaz Londoño es director de Formación Profesional del Sena y como tal gana más de seis millones de pesos al mes. Pero al mismo tiempo es miembro de la junta directiva y subgerente de Inversiones Del Vecchio, firma constituida en junio de 2007 en Medellín y de la cual son socios él, su esposa Esperanza Cepeda -gerente-, su hermano y una tía.

En agosto, tres meses después de constituida la empresa, Díaz y su familia compraron el hotel Florencia Plaza de la capital antioqueña por 826 millones de pesos para modernizarlo y elevarlo a la categoría de cuatro estrellas, y según conocedores del tema habrían invertido una suma similar en la remodelación.

Pero las adquisiciones de Díaz no se limitaron al hotel. Por esa misma época, compró la finca El Delirio -hoy llamada La Carolina- un productivo hato en Ayapel con 168 cabezas de ganado, según figura en los registros de la Federación Nacional de Ganaderos. Además, sumó a sus actividades de hotelero y ganadero la de inversionista en finca raíz en Cartagena, Medellín y Girardota, asunto que investiga una comisión especial de Policía Judicial.

Licenciado en Filosofía, Díaz se vinculó al SENA como profesor de Ética y se convirtió luego en ficha clave de la contratación de la entidad de la que ha sido director (e) en tres oportunidades. Sorprendidos por el inexplicable incremento de su patrimonio, compañeros y subalternos suyos le pidieron en septiembre al procurador general, Edgardo Maya, que lo investigara. En efecto, Maya ordenó a la Dirección de Investigaciones Especiales que integrara un equipo para revisar declaraciones de renta, registros de oficinas de instrumentos públicos y de catastro, cuentas bancarias y otras fuentes, con el fin de establecer el origen y el movimiento de capitales de Díaz y su familia.

En subida

La investigación, que duró dos meses, reveló inconsistencias y vacíos en el crecimiento patrimonial de los Díaz Cepeda que los investigadores calificaron como sospechosos.

En 2005, el patrimonio se aproximaba a 87 millones de pesos, en 2006 superaba los 487 millones y a 31 de diciembre de 2007 llegaba a 1.012 millones. A los investigadores les llamó la atención el hecho de que ni la esposa de Díaz, ni los demás miembros de su familia, incluido su hermano Jorge Albeiro -miembro suplente de la junta de Inversiones Del Vecchio-, no registraran actividades productivas que permitieran pensar que contribuyeron al crecimiento patrimonial.

Díaz sostiene que su patrimonio se deriva de actividades que han desarrollado durante 16 años en los sectores público y privado, él como instructor y ella como alta ejecutiva del grupo Suramericana y como gerente nacional de las IPS de Susalud. Asegura, además, que el patrimonio no es solo personal y que de él hace parte una sociedad familiar en la que tienen participación una tía pensionada en Estados Unidos, su suegra y un hermano que se dedica a la ganadería y a la comercialización de zapatos (ver entrevista).

Sin embargo, la Procuraduría tiene dudas y sospecha sobre un posible incremento patrimonial injustificado. Los investigadores encontraron que desde 2003 Díaz ha incumplido una obligación establecida en el Estatuto Anticorrupción: la presentación anual de la declaración de bienes y rentas ante la oficina de personal de la entidad. Por otra parte, su esposa aparece ante la Dian como "comerciante y rentista de capital", según un documento de la Procuraduría conocido por CAMBIO.

Varios cuadros comparativos sobre ingresos y egresos del grupo familiar de Díaz hechos por los investigadores con base en información de la Dian, revelan inconsistencias en las cifras. Díaz y su esposa solo habrían reportado parte de sus ingresos que, según el propio funcionario, habrían recibido como empleados y consultores de importantes empresas y como resultado de actividades económicas particulares. En los registros de la Dian, la esposa de Díaz no aparece como contribuyente asalariada sino como comerciante y rentista de capital.

Las conclusiones de los investigadores llevaron a que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría abriera un proceso disciplinario formal contra Díaz Londoño, quien a juzgar por sus títulos no estaría capacitado para la contratación. Aun así, la Dirección General del Sena le ha delegado el manejo de unos 9.000 millones de pesos, y el funcionario tiene a su cargo todos los contratos y convenios relacionados con programas y proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, en los que la entidad invierte la mayor parte de su presupuesto. "En cabeza del señor Díaz están tareas que, en condiciones normales, solo podría ejercer un abogado especializado en contratación pública -insiste un alto funcionario de la entidad-. El hoy director de Desarrollo Profesional es un licenciado en Filosofía que, paradójicamente, se vinculó al Sena como instructor de Ética en 1978".